Lo que creemos ver, lo que en realidad es
En el mito de la caverna de
Platón los hombres miramos las sombras que se proyectan sobre la pared que
tenemos frente a nuestros ojos, que no son más que un reflejo distorsionado de
la realidad que discurre a nuestras espaldas y que solo podremos conocer si
somos capaces de girar la cabeza. Eso es, en cierta manera, lo que ocurre con
el conocido caso del “hermano de Sánchez”.
El caso judicial que involucra a David
Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— y al líder del PSOE en
Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, trasciende lo anecdótico para
exponer grietas estructurales en el sistema judicial español. Ambos han sido
enviados a juicio por presuntos delitos de prevaricación administrativa y
tráfico de influencias, tras una investigación de la jueza Beatriz Biedma
que destaca la creación de un puesto "a medida" en la Diputación de
Badajoz. Sin embargo, más allá de los hechos concretos, el proceso evidencia un
problema de fondo: la sospecha de que la Justicia opera bajo la sombra de
intereses partidistas.
La jueza Biedma ha insistido en
que existen "indicios racionales de criminalidad" para llevar
el caso a juicio, pero la defensa de los acusados y sectores políticos han
cuestionado su imparcialidad. Aunque no hay pruebas directas de parcialidad, el
contexto invita a la desconfianza:
- Gallardo logró su aforamiento como diputado
autonómico horas antes del auto de procesamiento, tras un movimiento
rápido que incluyó la renuncia de cinco compañeros de lista. Esta maniobra
—que podría trasladar el caso al Tribunal Superior de Extremadura— refleja
cómo los cargos públicos utilizan herramientas legales para eludir la
justicia ordinaria.
- El PSOE modificó sus estatutos en 2025 para
evitar la expulsión automática de procesados si alegan "persecución
política", una cláusula aplicada a Gallardo al atribuir la denuncia a
entidades consideradas "ultraderechistas".
Estos hechos no son aislados. El
sistema judicial español ha sido históricamente instrumentalizado por PP y
PSOE, como demuestra el control del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). Durante 22 de los últimos 27 años, el PP ha dominado este órgano
gracias a bloqueos calculados, mientras que el reciente acuerdo de 2024 entre
ambos partidos para renovarlo —presentado como un avance— consolidó la
repartición de cuotas de poder. El resultado es un entramado donde los ascensos
judiciales y las decisiones clave dependen de negociaciones entre siglas, no de
méritos o neutralidad.
Resulta llamativo que la justicia
centre sus esfuerzos en determinar si la plaza de David Sánchez fue creada ad
personam, cuando en España todos podríamos citar numerosos ejemplos de plazas y
cargos diseñados a medida para personas afines a los partidos políticos. Basta
recordar casos como el del propio Santiago Abascal, que ocupó puestos en
organismos públicos, que carecían de contenido, creados por el PP en la
Comunidad de Madrid, o el célebre caso de Toni Cantó y su fugaz paso por
la Oficina del Español, también de nueva creación y con escasa justificación
objetiva.
La realidad es que la creación de
plazas para "colocar" a los propios es una práctica tan extendida que
casi se ha normalizado. En mi opinión, el verdadero problema no es tanto que se
investigue un caso concreto, sino que no se aborde el fenómeno de manera global
y objetiva. Sería imprescindible establecer normas claras y mecanismos de
control independientes que impidieran la proliferación de plazas ad hoc,
porque esta práctica pervierte el sistema de equilibrios y la gestión pública,
generando desconfianza y clientelismo.
Una versión sofisticada de esa
"agencia de colocación" que teje redes clientelares es la externalización
de servicios y la proliferación de empresas públicas. Estas entidades,
lejos de responder siempre a criterios de eficacia, se convierten a menudo en
refugio para fieles a uno u otro partido, que acceden a puestos por la puerta
de atrás, sin los controles ni la transparencia exigibles a la administración pública
tradicional.
La percepción de una Justicia
politizada mina la credibilidad de las instituciones. Cuando los ciudadanos
asumen que los procesos judiciales están contaminados por lealtades
partidistas, la democracia se resiente. Este caso —junto a otros como los que
afectan a Begoña Gómez o los numerosos procesos abiertos en su día a Podemos—
alimentan la narrativa de que el poder judicial es un campo de batalla más
en la lucha política, no un garante de igualdad ante la ley.
Para revertir esta dinámica, se
necesitan reformas estructurales que considerasen, al menos un nuevo sistema de
elección de los vocales del CGPJ, la limitación de los aforamientos, y el
establecimiento de normas objetivas que garanticen que cualquier nuevo puesto
responda a necesidades reales y no a intereses partidistas, con auditorías
externas y sanciones en caso de abuso.
El caso de David Sánchez y
Gallardo no es solo un escándalo puntual: es un síntoma de un sistema que
prioriza la conveniencia política sobre la justicia y la buena gestión pública.
Sin cambios profundos, la democracia española seguirá navegando en aguas pantanosas,
donde la desconfianza ciudadana se alimenta de realidades como esta. La
solución no es sencilla, pero pasa por devolver al poder judicial y a la
administración su papel de contrapeso y servicio público, no de apéndice
partidista.
Francisco Llera.
