Cuando el podio se convierte en escaparate para la impunidad

En el escenario internacional, el aplauso a menudo sustituye al escrutinio. Allí, hasta los regímenes más oscuros buscan el brillo del oro para ocultar el barro de sus abusos.

La presencia de Estados como Israel en los grandes eventos deportivos y culturales no es casualidad ni coincidencia. Es estrategia. Una operación de lavado de imagen que tiene nombre propio: sportwashing. Mientras sus atletas compiten por medallas, algunos gobiernos compiten por limpiar su expediente ante la historia.

El término es reciente, pero la práctica es ancestral. Estados acusados de crímenes de guerra, violaciones sistemáticas de derechos humanos o políticas de apartheid han encontrado en el deporte su mejor aliado para proyectar normalidad y respetabilidad. Israel, con sus equipos ciclistas financiados por millonarios sionistas y su presencia normalizada en competiciones internacionales, sigue el mismo libreto que otros regímenes utilizaron en el pasado, con el agravante de que en el caso de Israel asistimos en directo a la masacre.

Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron la puesta de largo de esta estrategia. Hitler utilizó la ceremonia, los estadios y la cobertura mundial para camuflar el antisemitismo y presentar una Alemania poderosa y civilizada. Funcionó: muchos países regresaron convencidos de que las denuncias contra el régimen nazi eran exageradas.

La España franquista siguió idéntico patrón. El fútbol, los eventos deportivos masivos y la Eurocopa de 1964 sirvieron para proyectar una imagen de modernidad mientras se ejecutaban presos políticos y se reprimía brutalmente cualquier disidencia.

La Carta Olímpica proclama el respeto a los derechos humanos como pilar fundamental del movimiento olímpico. Pero las instituciones deportivas practican un doble rasero escandaloso: Rusia fue expulsada tras invadir Ucrania, mientras Israel mantiene su presencia pese a las denuncias de genocidio en Gaza.

Cuando los ciudadanos protestan —con banderas palestinas en los estadios, boicots a eventos o interrupciones pacíficas— la respuesta institucional es predecible: se les tacha de violentos, se cuestiona su coherencia por no protestar "contra todos los países" y se invoca la sacrosanta "neutralidad política" del deporte.

Esta táctica busca un objetivo claro: desviar la atención del mensaje —las violaciones de derechos humanos— hacia el mensajero. Es más fácil atacar a quien protesta que responder a sus demandas.

El derecho a la protesta no es negociable. Quienes ejercen este derecho en los escenarios de mayor visibilidad mundial cumplen una función democrática esencial: recordar que detrás de cada bandera hay vidas humanas, y que algunos Estados las pisotean sistemáticamente.

Desacreditar estas voces es perpetuar la impunidad. Es convertir el deporte en cómplice del silenciamiento.

Permitir que Estados infractores utilicen estos escaparates sin consecuencias no es neutralidad: es complicidad. Traiciona la memoria de quienes resistieron las dictaduras del pasado y la esperanza de millones que ven en el deporte una plataforma para la justicia.

La historia no perdona a quienes, teniendo la oportunidad de actuar, eligieron mirar hacia otro lado. Seguir aplaudiendo en el palco mientras se niega la violencia estructural es renunciar a la función crítica que exige el periodismo y reclama la conciencia social. La historia juzgará no solo a quienes cometen las injusticias, sino también a quienes, en nombre de la neutralidad, callan y legitiman el juego sucio de la impunidad.

 Privatización de la Universidad

El gobierno del PP en Extremadura pretende la implantación de una Universidad Privada en Badajoz, a pesar de que el proyecto no cuenta con el informe favorable del Ministerio por carencias notables. El Gobierno autonómico tiene la potestad de hacer caso omiso a ese informe desfavorable, y eso es lo que pretenden.

Habrá quien piense que un proyecto como ese será positivo para la ciudad y para la Comunidad Autónoma, pues al fin y al cabo se trata de un nuevo negocio.

Pero no todos los negocios traen riqueza para la colectividad, y ejemplos tenemos muchos. Ocurre que a veces solo sirven para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de los intereses de la mayoría. 

Y este es el caso del negocio de las universidades privadas, que se reproducen desde hace unos años como setas por todo el país.

Estudiar en la Universidad fue durante mucho tiempo un sueño inalcanzable para la mayoría de los españoles. Ya avanzados los ochenta las condiciones de acceso se fueron democratizando con el desarrollo de un sistema de becas y la creación de nuevas Universidades que aumentaron la oferta y la proximidad de las mismas, eliminando en gran medida los costes de tener que vivir en otra ciudad mientras se cursaban los estudios.

En el año 1998 se creó la última Universidad Pública, alcanzándose las cincuenta con las que contamos en la actualidad. Desde entonces sólo se han creado universidades privadas, que superan ya las cuarenta. Otro puñado de ellas están en perspectiva. 

La legislación ha sido muy laxa en los requisitos y criterios para conceder la autorización a este tipo de entidades privadas. De manera que se ha creado un espacio que, aprovechándose del marchamo de “Universidad”, han aprovechado quienes quieren hacer negocio con la educación superior.

En paralelo los gobiernos con una concepción neoliberal han visto la oportunidad de reducir la inversión en la Universidad Pública, para dejar que ese vital servicio se preste por empresas privadas. 

¿Cual es el problema?, se preguntarán.

Pues para ser concisos, y creo que en este asunto es muy importante serlo, el problema es que sus hijos o nietos van a tener más difícil estudiar en una Universidad si no disponen de recursos económicos suficientes. Estamos hablando del orden de entre 9000 y 12000 €, al año, para carreras menos especializadas o de menor experimentalidad, y de entre 15000 y 20000 para titulaciones con mayor experimentalidad. 

Porque además otra de las consecuencias es que las públicas tendrán que recortar su oferta por la falta de alumnos, que ya estaban en tendencia de caída por motivos demográficos fundamentalmente. 

Y además, porque quienes hoy nos venden la complementariedad de las privadas, ya empiezan a enseñar la patita negándoles a las públicas la impartición de determinadas titulaciones y asi preservar el negocio de las privadas como ha ocurrido este año en Andalucía con Biomedicina e Inteligencia artificial. 

En la lógica de esas políticas neoliberales de desmantelamiento de lo público, prácticamente en todo el país se ha sometido a las Universidades públicas a la asfixia económica, que estas han tratado de compensar incrementando los precios de matrícula, en especial tras la entrada en vigor de la LOU y el espacio europeo de educación superior. 

Pero los precios maximos de las matrículas no los establecen las Universidades, sino las administraciones autonómicas. De manera que apenas si alcanzan a cubrir un 20 % de las necesidades de financiación, amén de que a nadie escapa que incrementar los precios de matrículas supone limitar por motivos económicos las posibilidades de acceso a estudios superiores.

Las universidades públicas, la mayoría, están infrafinanciadas. En Extremadura la transferencia autonómica no alcanza ni para cubrir los gastos de las nóminas. 

El problema se agravó aún más cuando en 2019 el gobierno extremeño acordó la bonificación al 99% de las primeras matrículas en la UEx, pero dejó de ingresar el coste de la medida a la UEx, unos 5 millones por curso. Es decir, invitó a cañas pero las cargo al propietario del establecimiento. De manera que la UEx acumula desde entonces una deuda que se incrementa cada año en  5 millones de euros. Actualmente está por encima de los 16 millones de euros.

El terreno está abonado para sembrar una nueva seta y el PP extremeño no iba a desaprovechar la ocasión. Así que es muy probable que si cuentan con el apoyo de sus socios in pectore de VOX, den luz verde para el próximo curso a una universidad privada con graves deficiencias de recursos, que comprometen la calidad de los títulos que se expidan en nombre del Rey.

Tal vez no baste con alzar la voz, con protestar, pero al menos que seamos conscientes de que si no lo hacemos estamos permitiendo que se comprometa el derecho a estudiar en la Universidad de nuestros hijos y nietos, tal vez de muchas generaciones, y que se construya una sociedad más desigual y más injusta.

Reforzar la pública es un imperativo.

Instrumentalización de la justicia y de la función pública

 

Lo que creemos ver, lo que en realidad  es

 

En el mito de la caverna de Platón los hombres miramos las sombras que se proyectan sobre la pared que tenemos frente a nuestros ojos, que no son más que un reflejo distorsionado de la realidad que discurre a nuestras espaldas y que solo podremos conocer si somos capaces de girar la cabeza. Eso es, en cierta manera, lo que ocurre con el conocido caso del “hermano de Sánchez”.

El caso judicial que involucra a David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— y al líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, trasciende lo anecdótico para exponer grietas estructurales en el sistema judicial español. Ambos han sido enviados a juicio por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras una investigación de la jueza Beatriz Biedma que destaca la creación de un puesto "a medida" en la Diputación de Badajoz. Sin embargo, más allá de los hechos concretos, el proceso evidencia un problema de fondo: la sospecha de que la Justicia opera bajo la sombra de intereses partidistas.

La jueza Biedma ha insistido en que existen "indicios racionales de criminalidad" para llevar el caso a juicio, pero la defensa de los acusados y sectores políticos han cuestionado su imparcialidad. Aunque no hay pruebas directas de parcialidad, el contexto invita a la desconfianza:

• Gallardo logró su aforamiento como diputado autonómico horas antes del auto de procesamiento, tras un movimiento rápido que incluyó la renuncia de cinco compañeros de lista. Esta maniobra —que podría trasladar el caso al Tribunal Superior de Extremadura— refleja cómo los cargos públicos utilizan herramientas legales para eludir la justicia ordinaria.
• El PSOE modificó sus estatutos en 2025 para evitar la expulsión automática de procesados si alegan "persecución política", una cláusula aplicada a Gallardo al atribuir la denuncia a entidades consideradas "ultraderechistas".

Estos hechos no son aislados. El sistema judicial español ha sido históricamente instrumentalizado por PP y PSOE, como demuestra el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante 22 de los últimos 27 años, el PP ha dominado este órgano gracias a bloqueos calculados, mientras que el reciente acuerdo de 2024 entre ambos partidos para renovarlo —presentado como un avance— consolidó la repartición de cuotas de poder. El resultado es un entramado donde los ascensos judiciales y las decisiones clave dependen de negociaciones entre siglas, no de méritos o neutralidad.

Resulta llamativo que la justicia centre sus esfuerzos en determinar si la plaza de David Sánchez fue creada ad personam, cuando en España todos podríamos citar numerosos ejemplos de plazas y cargos diseñados a medida para personas afines a los partidos políticos. Basta recordar casos como el del propio Santiago Abascal, que ocupó puestos en organismos públicos, que carecían de contenido, creados por el PP en la Comunidad de Madrid, o el célebre caso de Toni Cantó y su fugaz paso por la Oficina del Español, también de nueva creación y con escasa justificación objetiva.

La realidad es que la creación de plazas para "colocar" a los propios es una práctica tan extendida que casi se ha normalizado. En mi opinión, el verdadero problema no es tanto que se investigue un caso concreto, sino que no se aborde el fenómeno de manera global y objetiva. Sería imprescindible establecer normas claras y mecanismos de control independientes que impidieran la proliferación de plazas ad hoc, porque esta práctica pervierte el sistema de equilibrios y la gestión pública, generando desconfianza y clientelismo.

Una versión sofisticada de esa "agencia de colocación" que teje redes clientelares es la externalización de servicios y la proliferación de empresas públicas. Estas entidades, lejos de responder siempre a criterios de eficacia, se convierten a menudo en refugio para fieles a uno u otro partido, que acceden a puestos por la puerta de atrás, sin los controles ni la transparencia exigibles a la administración pública tradicional.

La percepción de una Justicia politizada mina la credibilidad de las instituciones. Cuando los ciudadanos asumen que los procesos judiciales están contaminados por lealtades partidistas, la democracia se resiente. Este caso —junto a otros como los que afectan a Begoña Gómez o los numerosos procesos abiertos en su día a Podemos— alimentan la narrativa de que el poder judicial es un campo de batalla más en la lucha política, no un garante de igualdad ante la ley.

Para revertir esta dinámica, se necesitan reformas estructurales que considerasen, al menos un nuevo sistema de elección de los vocales del CGPJ, la limitación de los aforamientos, y el establecimiento de normas objetivas que garanticen que cualquier nuevo puesto responda a necesidades reales y no a intereses partidistas, con auditorías externas y sanciones en caso de abuso.

El caso de David Sánchez y Gallardo no es solo un escándalo puntual: es un síntoma de un sistema que prioriza la conveniencia política sobre la justicia y la buena gestión pública. Sin cambios profundos, la democracia española seguirá navegando en aguas pantanosas, donde la desconfianza ciudadana se alimenta de realidades como esta. La solución no es sencilla, pero pasa por devolver al poder judicial y a la administración su papel de contrapeso y servicio público, no de apéndice partidista.

 

Francisco Llera.

 

De la hostilidad de Trump y la incoherencia de sus simpatizantes y afines en España

En estos tiempos de turbulencias políticas y comerciales, no podemos evitar reírnos un poco de la situación que se nos presenta. El presidente Donald Trump, con su peculiar estilo de gobernar, ha decidido que Europa, y en particular la Unión Europea, es su nuevo enemigo comercial. Y aquí en Extremadura, nos encontramos en medio de este peculiar "reality show" de aranceles y represalias.

Trump, en su afán por "hacer grande a América de nuevo", ha decidido que los productos europeos, especialmente los agrícolas, son una amenaza para su economía. Así que, con un toque de humor, anunció aranceles a partir del 2 de abril, como si fuera un chiste de mal gusto en su red social favorita, Truth Social. "Divertíos", dijo, como si los agricultores extremeños pudieran encontrar diversión en la incertidumbre de sus exportaciones.

Pero, ¿qué pasa con aquellos que en España sintonizan con Trump? El Partido Popular (PP) y Vox, en su intento por alejarse de la sombra de Trump, se encuentran en una situación de lo más cómica. Por un lado, el PP intenta mantener una relación cordial con Europa, pero por otro, no puede evitar el apoyo de Vox, que, aunque niega apoyar los aranceles de Trump, no puede ocultar su simpatía por el estilo "MAGA" del presidente estadounidense.

La incoherencia es palpable. Mientras Trump critica a Europa y alinea a Estados Unidos con Rusia, aquí en España, el PP y Vox juegan a un juego de equilibrios que parece sacado de un sketch de comedia. Vox, que se declara patriota, se encuentra en la incómoda posición de tener que explicar por qué apoya a un presidente que impone aranceles a productos españoles, como el vino y el aceite de oliva, que son parte esencial de nuestra identidad y economía.

En Extremadura, la situación es aún más irónica. Nuestros productores de corcho, aceitunas y vino, que han trabajado arduamente para abrirse camino en el mercado estadounidense, ahora se enfrentan a la posibilidad de ver sus esfuerzos frustrados por una política arancelaria que parece más un capricho que una estrategia económica coherente. El sector del corcho, por ejemplo, confía en no ser afectado, pero la incertidumbre es palpable.

Y mientras tanto, el Gobierno de Extremadura, con su portavoz Victoria Bazaga, admite la "incertidumbre" ante estos aranceles, prometiendo apoyar a los agricultores para que sigan exportando sin barreras. Pero, ¿cómo se puede exportar sin barreras cuando el presidente de la nación más poderosa del mundo decide que tu producto es una amenaza?

En resumen, la hostilidad de Trump hacia Europa y la incoherencia de sus afines en España nos dejan en una situación que, si no fuera por lo grave, sería digna de una comedia de enredo. Los extremeños, con su ingenio y resiliencia, seguirán adelante, pero no sin antes reírnos un poco de la ironía de la situación. Porque, al final, si no podemos reírnos de la política, ¿de qué nos podemos reír?

Francisco Llera

24/03/2025

La guerra que nadie gana: El laberinto ideológico del conflicto ruso-ucraniano

 

La guerra que nadie gana: El laberinto ideológico del conflicto ruso-ucraniano

En el turbulento escenario del conflicto ruso-ucraniano, encontrar un lado "correcto" se ha convertido en una tarea digna de Hércules. La brújula ideológica parece haber enloquecido, girando sin control en un torbellino de contradicciones que desafía toda lógica.

Observemos, con una sonrisa irónica, cómo Donald Trump y Vladimir Putin se emergen como los nuevos paladines de la paz y la democracia. ¡Quién lo diría! Trump, el mismo que incitó una insurrección en el Capitolio, y Putin, conocido por su "democracia a la carta", ahora nos quieren vender la idea de que son los guardianes de la estabilidad mundial. Mientras tanto, las democracias europeas, supuestas defensoras de la paz, parecen más interesadas en atizar las llamas del conflicto que en buscar una solución diplomática.

Y aquí es donde la comedia se vuelve surrealista. La ultraderecha, que hasta ayer rechazó a Putin como si fuera la encarnación del comunismo soviético, ahora se encuentra en la incómoda posición de tener que defender las tesis del Kremlin para no contradecir a su adorado Trump. Es como ver a un malabarista intentando mantener en el aire bolas de fuego y hielo al mismo tiempo.

Por otro lado, tenemos a la izquierda socialdemócrata y a la derecha moderada europea, que de repente ha encontrado en Volodymyr Zelensky a su nuevo ídolo democrático. Nos lo presentan como el epítome de la libertad y la justicia, convenientemente olvidando mencionar que ha ilegalizado a varios partidos de la oposición en su propio país y que entre sus apoyos más firmes están los neonazis ucranianos. Parece que la democracia, como la belleza, está en el ojo del observador.

En medio de este caos ideológico, hay una verdad que brilla por su ausencia: la guerra hay que pararla con diplomacia. Como acertadamente señaló Ione Belarra al inicio del conflicto, las guerras no las gana nadie. Son un juego de suma cero donde todos pierden, excepto quizás los fabricantes de armas y las oligarquías.

Es hora de que dejemos de lado las posturas ideológicas rígidas y nos centremos en lo que realmente importa: poner fin al sufrimiento humano. La diplomacia puede no ser tan emocionante como los titulares de guerra, pero es el único camino hacia una paz duradera.

En este conflicto, como en tantos otros, no hay buenos y malos absolutos. Hay intereses, hay poder, y hay, sobre todo, personas sufriendo las consecuencias de decisiones tomadas en despachos lejanos. Quizás sea hora de que todos, independientemente de nuestra ideología, nos unamos en un grito común: ¡Guerras, malditas guerras!

Francisco Llera Cáceres

La disputa entre las rentas del trabajo y el capital

 

La disputa entre las rentas del trabajo y el capital: mecanismos de acumulación y resistencia social  

La creciente brecha entre las rentas del trabajo y las rentas del capital ha redefinido las estructuras económicas y sociales del siglo XXI. Mientras los salarios pierden peso en el reparto de la riqueza nacional, los beneficios asociados al capital —desde dividendos hasta plusvalías inmobiliarias— se consolidan como ejes de un sistema que concentra recursos en manos de minorías. Este fenómeno, analizado por economistas como Thomas Piketty, no es accidental: responde a una lógica estructurada donde el capital busca sistemáticamente detraer rentas del trabajo y acaparar bienes esenciales, desde la vivienda hasta los servicios públicos. En este contexto, instrumentos como las hipotecas, los alquileres desbocados y la privatización de servicios emergen como herramientas eficaces para perpetuar la desigualdad, mientras la precarización de lo público agudiza la fractura social.  

La dinámica estructural del capital: de la acumulación a la depredación  

El capitalismo contemporáneo ha perfeccionado mecanismos para transferir riqueza desde las mayorías trabajadoras hacia élites económicas. Como demostró Piketty en "El capital en el siglo XXI", cuando la tasa de rendimiento del capital supera persistentemente el crecimiento económico, la desigualdad se dispara. En España, este proceso se materializa en una caída del 1,6% en la participación de las rentas del trabajo en el PIB entre 2000 y 2025, acompañada de un aumento paralelo de las rentas de capital. Esta redistribución regresiva no es neutra: se sustenta en políticas fiscales que gravan menos las ganancias patrimoniales (23% máximo) que los salarios (43,5%), incentivando la especulación sobre la productividad.  

La financiarización de la economía ha exacerbado esta tendencia. Grandes fondos de inversión como Blackstone acumulan decenas de miles de viviendas para alquiler, transformando un derecho básico en un activo financiero. Simultáneamente, la reforma laboral de 2012 y la proliferación de contratos temporales han debilitado la capacidad negociadora de los trabajadores, facilitando que las empresas trasladen una mayor porción de sus ingresos a dividendos en lugar de salarios. El resultado es un círculo vicioso: el capital captura rentas, invierte en activos que generan más rendimientos, y consolida su poder para influir en marcos regulatorios que perpetúan su dominio.  

La vivienda: un campo de batalla entre derechos y especulación  

El sector inmobiliario ejemplifica cómo el capital convierte bienes esenciales en instrumentos de acumulación. En Madrid y Barcelona, los alquileres han subido un 58% entre 2013 y 2024, superando con creces el incremento salarial del 12% en el mismo periodo. Este desfase no responde solo a la ley de la oferta y la demanda: refleja una estrategia deliberada de acaparamiento. Fondos buitre y entidades bancarias controlan ya el 10% del parque de alquiler en ciudades principales, utilizando su poder de mercado para imponer precios abusivos. La compra de viviendas mediante hipotecas baratas —con tipos fijos alrededor del 3%— les permite obtener rentabilidades netas del 6-8% anual, financiadas por inquilinos que destinan hasta el 40% de sus ingresos al pago de rentas.  

Para las familias trabajadoras, la situación es diametralmente opuesta. Las hipotecas variables, vinculadas al euríbor, han elevado la carga financiera media al 25% de los ingresos en el quintil más pobre, limitando su capacidad de ahorro y exposición a crisis. Además, el requisito de aportar el 20% del valor de la vivienda como entrada excluye a un tercio de los jóvenes de acceder a la propiedad, forzándoles a un alquiler precario que drena sus recursos. Así, la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un mecanismo de transferencia de rentas: los hogares ceden una porción creciente de sus salarios a tenedores de capital, que reinvierten esos flujos en ampliar su patrimonio.  

Servicios públicos: diques contra la desigualdad y víctimas del acaparamiento  

Los servicios públicos representan el principal contrapeso a esta dinámica depredadora. Sistemas sanitarios y educativos universales mitigan las desigualdades de origen, ofreciendo oportunidades vitales independientemente del nivel de renta. Sin embargo, cuatro décadas de privatizaciones encubiertas —desde concertaciones educativas hasta externalizaciones sanitarias— han erosionado su capacidad igualadora. En Euskadi, por ejemplo, el 70% de las residencias de mayores están gestionadas por empresas privadas que priorizan el recorte de costes sobre la calidad asistencial, perpetuando modelos laborales precarios.  

La mercantilización de la salud ilustra este retroceso. Las listas de espera en la pública —que superan los seis meses para especialidades como traumatología— empujan a un 28% de la población a contratar seguros privados, segregando el acceso por capacidad económica. Esta dualidad no solo agrava las desigualdades: también desvía recursos públicos hacia entes privados. En Madrid, la construcción de hospitales mediante concesiones público-privadas (CPP) ha multiplicado por tres el coste por paciente respecto a la gestión directa, desviando 1.200 millones anuales de las arcas autonómicas.  

La energía, otro servicio básico, sigue un patrón similar. Mientras las eléctricas obtienen beneficios récord —7.000 millones en 2024—, el 15% de los hogares sufren pobreza energética, incapaces de mantener temperaturas adecuadas en invierno. La falta de una empresa pública fuerte permite a oligopolios fijar precios abusivos, transfiriendo rentas desde consumidores a accionistas.  

Conclusión: Hacia una rearticulación del pacto social  

La disputa entre rentas del trabajo y capital trasciende lo económico: define qué modelo de sociedad queremos construir. Frenar el acaparamiento requiere políticas audaces. En fiscalidad, equiparar los tipos impositivos de rentas del capital y trabajo —eliminando privilegios como la exención de plusvalías por reinversión— podría recaudar 15.000 millones anuales para reforzar servicios públicos. En vivienda, limitar la propiedad corporativa y establecer alquileres máximos vinculados a salarios medianos redistribuiría poder hacia inquilinos.  

Pero la clave radica en revertir cuatro décadas de privatizaciones. Recuperar la gestión pública de hospitales, escuelas y energéticas no solo mejoraría la eficiencia —como demuestran países nórdicos—: reconstruiría el tejido social. Solo un Estado fuerte, capaz de garantizar derechos básicos fuera del mercado, puede equilibrar la balanza entre capital y trabajo. La tarea es monumental, pero necesaria: como advirtieron seis relatores de la ONU en 2025, sin servicios públicos robustos, la próxima crisis climática o pandémica convertirá desigualdades actuales en abismos insalvables.

Las derechas de nuevo contra la revalorización de las pensiones

 En 2013 el PP aprobó unilateralmente la aplicación del índice de revalorización de las pensiones ((IRP) y el factor de sostenibilidad (FS).

El IRP consistía en aplicar una subida anual del 0,25 %, aunque el IPC estuviese por encima de ese porcentaje, lo que implicaba una pérdida importante del poder adquisitivo de las personas pensionistas.

El FS era aún más gravoso. Consistía en la aplicación de una fórmula que introducía el factor esperanza de vida y que en la práctica suponía que el cálculo de la cuantía de entrada a percibir por los pensionistas se reducía en torno al 20 %.

Veamos ahora qué ha hecho el Gobierno actual al respecto y cuál fue la postura de PP y VOX.

El 2/12/2021 el Gobierno acordó con los agentes sociales la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Lo que en la práctica suponía derogar el IRP aprobado en su día por el PP. ¿Que votó el PP?  Pues sí, votó en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

En los presupuestos generales de 2023 el PP y VOX volvieron a votar en contra de la revalorización conforme al IPC. Ya en 2022 se había derogado por el Gobierno la aplicación de la fórmula del factor de sostenibilidad del PP que hubiera supuesto una devaluación de las pensiones muy significativa, como hemos dicho.

Ya en marzo de 2023 el PP y VOX votaron de nuevo en contra de la actualización de los topes maximos de cotización y otras medidas para mejorar los ingresos del sistema en lugar de recortar los gastos como había venido haciendo el PP. 

Esta semana ambos, PP y VOX, han vuelto a votar en contra de la revalorización de las pensiones y otras medidas sociales, algunas también relacionadas con mejoras en la jubilación. En esta ocasión se han aliado con la derecha catalana, las JUNTS de Puigdemont. 

Lógicamente esa decisión ha sido objeto de un fuerte reproche social. Para justificar su voto JUNTS ha usado argumentos tales como que los pensionistas catalanes deberían cobrar pensiones más elevadas porque en Cataluña el coste de la vida es más elevado. Algo similar a lo que dijo Ayuso cuando defendió que el salario mínimo de los madrileños debía ser más elevado que el de los extremeños. 

Por su parte, el PP adujo inicialmente que en el paquete había cuestiones muy importantes que no estaban dispuestos a aprobar. Citaban la subida del IVA en algunos productos e impuestos a la electricidad, la cesión al PNV de un palacete en París, y lo que ellos califican como medidas pro ocupación.

Lo cierto en ninguna línea de las 140 páginas que tiene el decreto se habla de subida del IVA ni de impuestos, que el inmueble al que se refieren perteneció al patrimonio del PNV y que fue confiscado por los nazis de la GESTAPO y posteriormente estos se lo cedieron a Franco que nunca lo devolvió a sus legítimos dueños. Se da la circunstancia que Aznar ya inició el procedimiento para su devolución y Rajoy dio pasos también en ese sentido. 

Sí es cierto que el Decreto prorroga la protección de familias vulnerables que podrían quedarse en la calle si no reciben ayuda alguna del Estado. 

Y esos son los motivos de peso que han inclinado al PP a sacrificar el resto de mejoras. 

Para enmendar el error y lanzar la pelota al Gobierno le instan a que lleve al Congreso cada una de las medidas por separado y anuncian que votarán favorablemente a la revalorización de las pensiones, habrá que creerles después de que durante años hayan hecho todo lo contrario, las ayudas al transporte y afectados de la DANA. 

Del resto no dicen nada, por lo que se supone que no votarán a favor, a pesar de que hay medidas sociales y también en el ámbito de las jubilaciones muy importantes para la ciudadanía. 

Por su parte VOX, que no se preocupa lo más mínimo en tratar de engañar al electorado, como sí pretende el PP, ya ha anunciado que no votará favorablemente ninguna medida se lleven como se lleven.

El Gobierno debe encontrar la fórmula para sacar adelante el paquete de medidas rechazado por el Congreso por la incidencia negativa que tendría sobre las personas si finalmente no fuesen aprobadas.