Privatización de la Universidad

El gobierno del PP en Extremadura pretende la implantación de una Universidad Privada en Badajoz, a pesar de que el proyecto no cuenta con el informe favorable del Ministerio por carencias notables. El Gobierno autonómico tiene la potestad de hacer caso omiso a ese informe desfavorable, y eso es lo que pretenden.

Habrá quien piense que un proyecto como ese será positivo para la ciudad y para la Comunidad Autónoma, pues al fin y al cabo se trata de un nuevo negocio.

Pero no todos los negocios traen riqueza para la colectividad, y ejemplos tenemos muchos. Ocurre que a veces solo sirven para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de los intereses de la mayoría. 

Y este es el caso del negocio de las universidades privadas, que se reproducen desde hace unos años como setas por todo el país.

Estudiar en la Universidad fue durante mucho tiempo un sueño inalcanzable para la mayoría de los españoles. Ya avanzados los ochenta las condiciones de acceso se fueron democratizando con el desarrollo de un sistema de becas y la creación de nuevas Universidades que aumentaron la oferta y la proximidad de las mismas, eliminando en gran medida los costes de tener que vivir en otra ciudad mientras se cursaban los estudios.

En el año 1998 se creó la última Universidad Pública, alcanzándose las cincuenta con las que contamos en la actualidad. Desde entonces sólo se han creado universidades privadas, que superan ya las cuarenta. Otro puñado de ellas están en perspectiva. 

La legislación ha sido muy laxa en los requisitos y criterios para conceder la autorización a este tipo de entidades privadas. De manera que se ha creado un espacio que, aprovechándose del marchamo de “Universidad”, han aprovechado quienes quieren hacer negocio con la educación superior.

En paralelo los gobiernos con una concepción neoliberal han visto la oportunidad de reducir la inversión en la Universidad Pública, para dejar que ese vital servicio se preste por empresas privadas. 

¿Cual es el problema?, se preguntarán.

Pues para ser concisos, y creo que en este asunto es muy importante serlo, el problema es que sus hijos o nietos van a tener más difícil estudiar en una Universidad si no disponen de recursos económicos suficientes. Estamos hablando del orden de entre 9000 y 12000 €, al año, para carreras menos especializadas o de menor experimentalidad, y de entre 15000 y 20000 para titulaciones con mayor experimentalidad. 

Porque además otra de las consecuencias es que las públicas tendrán que recortar su oferta por la falta de alumnos, que ya estaban en tendencia de caída por motivos demográficos fundamentalmente. 

Y además, porque quienes hoy nos venden la complementariedad de las privadas, ya empiezan a enseñar la patita negándoles a las públicas la impartición de determinadas titulaciones y asi preservar el negocio de las privadas como ha ocurrido este año en Andalucía con Biomedicina e Inteligencia artificial. 

En la lógica de esas políticas neoliberales de desmantelamiento de lo público, prácticamente en todo el país se ha sometido a las Universidades públicas a la asfixia económica, que estas han tratado de compensar incrementando los precios de matrícula, en especial tras la entrada en vigor de la LOU y el espacio europeo de educación superior. 

Pero los precios maximos de las matrículas no los establecen las Universidades, sino las administraciones autonómicas. De manera que apenas si alcanzan a cubrir un 20 % de las necesidades de financiación, amén de que a nadie escapa que incrementar los precios de matrículas supone limitar por motivos económicos las posibilidades de acceso a estudios superiores.

Las universidades públicas, la mayoría, están infrafinanciadas. En Extremadura la transferencia autonómica no alcanza ni para cubrir los gastos de las nóminas. 

El problema se agravó aún más cuando en 2019 el gobierno extremeño acordó la bonificación al 99% de las primeras matrículas en la UEx, pero dejó de ingresar el coste de la medida a la UEx, unos 5 millones por curso. Es decir, invitó a cañas pero las cargo al propietario del establecimiento. De manera que la UEx acumula desde entonces una deuda que se incrementa cada año en  5 millones de euros. Actualmente está por encima de los 16 millones de euros.

El terreno está abonado para sembrar una nueva seta y el PP extremeño no iba a desaprovechar la ocasión. Así que es muy probable que si cuentan con el apoyo de sus socios in pectore de VOX, den luz verde para el próximo curso a una universidad privada con graves deficiencias de recursos, que comprometen la calidad de los títulos que se expidan en nombre del Rey.

Tal vez no baste con alzar la voz, con protestar, pero al menos que seamos conscientes de que si no lo hacemos estamos permitiendo que se comprometa el derecho a estudiar en la Universidad de nuestros hijos y nietos, tal vez de muchas generaciones, y que se construya una sociedad más desigual y más injusta.

Reforzar la pública es un imperativo.