En 2013 el PP aprobó unilateralmente la aplicación del índice de revalorización de las pensiones ((IRP) y el factor de sostenibilidad (FS).
El IRP consistía en aplicar una subida anual del 0,25 %, aunque el IPC estuviese por encima de ese porcentaje, lo que implicaba una pérdida importante del poder adquisitivo de las personas pensionistas.
El FS era aún más gravoso. Consistía en la aplicación de una fórmula que introducía el factor esperanza de vida y que en la práctica suponía que el cálculo de la cuantía de entrada a percibir por los pensionistas se reducía en torno al 20 %.
Veamos ahora qué ha hecho el Gobierno actual al respecto y cuál fue la postura de PP y VOX.
El 2/12/2021 el Gobierno acordó con los agentes sociales la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Lo que en la práctica suponía derogar el IRP aprobado en su día por el PP. ¿Que votó el PP? Pues sí, votó en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
En los presupuestos generales de 2023 el PP y VOX volvieron a votar en contra de la revalorización conforme al IPC. Ya en 2022 se había derogado por el Gobierno la aplicación de la fórmula del factor de sostenibilidad del PP que hubiera supuesto una devaluación de las pensiones muy significativa, como hemos dicho.
Ya en marzo de 2023 el PP y VOX votaron de nuevo en contra de la actualización de los topes maximos de cotización y otras medidas para mejorar los ingresos del sistema en lugar de recortar los gastos como había venido haciendo el PP.
Esta semana ambos, PP y VOX, han vuelto a votar en contra de la revalorización de las pensiones y otras medidas sociales, algunas también relacionadas con mejoras en la jubilación. En esta ocasión se han aliado con la derecha catalana, las JUNTS de Puigdemont.
Lógicamente esa decisión ha sido objeto de un fuerte reproche social. Para justificar su voto JUNTS ha usado argumentos tales como que los pensionistas catalanes deberían cobrar pensiones más elevadas porque en Cataluña el coste de la vida es más elevado. Algo similar a lo que dijo Ayuso cuando defendió que el salario mínimo de los madrileños debía ser más elevado que el de los extremeños.
Por su parte, el PP adujo inicialmente que en el paquete había cuestiones muy importantes que no estaban dispuestos a aprobar. Citaban la subida del IVA en algunos productos e impuestos a la electricidad, la cesión al PNV de un palacete en París, y lo que ellos califican como medidas pro ocupación.
Lo cierto en ninguna línea de las 140 páginas que tiene el decreto se habla de subida del IVA ni de impuestos, que el inmueble al que se refieren perteneció al patrimonio del PNV y que fue confiscado por los nazis de la GESTAPO y posteriormente estos se lo cedieron a Franco que nunca lo devolvió a sus legítimos dueños. Se da la circunstancia que Aznar ya inició el procedimiento para su devolución y Rajoy dio pasos también en ese sentido.
Sí es cierto que el Decreto prorroga la protección de familias vulnerables que podrían quedarse en la calle si no reciben ayuda alguna del Estado.
Y esos son los motivos de peso que han inclinado al PP a sacrificar el resto de mejoras.
Para enmendar el error y lanzar la pelota al Gobierno le instan a que lleve al Congreso cada una de las medidas por separado y anuncian que votarán favorablemente a la revalorización de las pensiones, habrá que creerles después de que durante años hayan hecho todo lo contrario, las ayudas al transporte y afectados de la DANA.
Del resto no dicen nada, por lo que se supone que no votarán a favor, a pesar de que hay medidas sociales y también en el ámbito de las jubilaciones muy importantes para la ciudadanía.
Por su parte VOX, que no se preocupa lo más mínimo en tratar de engañar al electorado, como sí pretende el PP, ya ha anunciado que no votará favorablemente ninguna medida se lleven como se lleven.
El Gobierno debe encontrar la fórmula para sacar adelante el paquete de medidas rechazado por el Congreso por la incidencia negativa que tendría sobre las personas si finalmente no fuesen aprobadas.
